Una profunda indignación y condena social se ha desatado entre la población de Saltillo tras la difusión de un caso de crueldad animal ocurrido en las inmediaciones del fraccionamiento Cerrada de San Miguel, donde un perro de la tercera edad de nombre "Rocky" fue objeto de una severa agresión física.
De acuerdo con las denuncias recabadas, la señalada, identificada como Liliana "N", habría arrollado de manera intencional y posteriormente arrastrado al ejemplar de 14 años de edad, bajo el absurdo argumento de querer "darle una lección", hecho que causó alarma inmediata entre los habitantes del sector.
Asimismo, cobraron fuerza versiones locales que señalan que la mujer habría sostenido una discusión previa con su pareja y, en un presunto acto de venganza, utilizó su camioneta para arrastrar durante varios metros al canino, el cual pertenecería a su hijastra.
Evidencia en video y reacción de la comunidad
El incidente quedó completamente registrado en video por dispositivos de la zona, generando un archivo audiovisual que sirve como evidencia directa de los hechos imputados:
- Los hechos: En las imágenes difundidas se observa la maniobra contra el canino de edad avanzada, dejándolo con severas afectaciones físicas y un evidente sufrimiento.
- La postura comunitaria: Activistas, vecinos y defensores de los derechos de los animales remarcaron que la violencia contra seres sintientes no puede justificarse bajo ningún pretexto de enseñanza o corrección conductual, recordando el deber ciudadano de respetar a las especies vulnerables.
Exigencia de acción penal ante las autoridades
Con los datos de ubicación e identificación de la presunta responsable en manos de los denunciantes, la comunidad ha levantado la voz para exigir la pronta intervención de la Fiscalía y de las autoridades de protección ambiental.
La ciudadanía enfatiza que el caso de Rocky no debe ser abordado como un hecho aislado, sino como una llamada de atención para aplicar de forma rigurosa las sanciones penales vigentes contra el maltrato animal y endurecer los marcos legales de protección en la entidad, evitando que actos de esta índole queden en la impunidad.
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