Han transcurrido 36 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer las acusaciones contra diversas personas, entre ellas el gobernador Rubén Rocha Moya y otros señalados en el caso. Mientras continúan las investigaciones y el debate público, las críticas apuntan a una supuesta protección política desde las más altas esferas del poder. En medio de la controversia, persiste la percepción de que algunos actores reciben respaldo institucional, alimentando la idea de que cuando uno cae, otros podrían verse involucrados.
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