Se reportó una denuncia respecto a la sustracción ilegal de una escultura de bronce con la figura de una niña, la cual formaba parte integral del acervo arquitectónico e histórico del emblemático Puente de la Historia, ubicado en la zona centro del municipio de San Juan del Río, Querétaro.
Tras la denuncia formalizada por las autoridades municipales, la Policía de Investigación del Delito inició las indagatorias pertinentes, logrando la vinculación a proceso y la obtención de prisión preventiva para dos sujetos plenamente identificados como los presuntos responsables del robo y daño al patrimonio histórico de la demarcación.
Los imputados, identificados formalmente como Joel “N”, alias “El Seco”, y Venancio “N”, alias “El Choco”, enfrentan cargos penales graves por los delitos de robo calificado y daños calificados en agravio del patrimonio del municipio.
Mediante la realización de entrevistas con testigos, análisis técnicos de cámaras de vigilancia y la recopilación de indicios huellográficos en la escena del crimen, los investigadores ministeriales lograron establecer la identidad y la probable participación de ambos hombres en el saqueo de la valiosa pieza de metal.
Capturas cronológicas y proceso penal
Con las pruebas científicas recabadas por el Ministerio Público, la Fiscalía solicitó a un Juez de Control las órdenes de aprehensión correspondientes, las cuales se cumplimentaron de forma escalonada por las fuerzas del orden:
- Venancio “N”, alias “El Choco”: Fue el primer asegurado por los agentes policiales durante un despliegue operativo. Su detención se registró formalmente y, al día siguiente, fue presentado en audiencia donde se le vinculó a proceso.
- Joel “N”, alias “El Seco”: Su captura se concretó días después tras ubicar su paradero. Al ser presentado ante la autoridad judicial, el juez determinó el inicio de su proceso legal bajo los mismos cargos.
En las respectivas audiencias iniciales, el Juez de Control consideró suficientes y contundentes los elementos probatorios presentados por la Fiscalía, por lo que decretó como medida cautelar obligatoria la prisión preventiva justificada para ambos individuos, enviándolos al centro de reinserción social correspondiente.
Asimismo, la autoridad judicial fijó el plazo legal de dos meses para el desarrollo de la investigación complementaria, período en el cual las partes aportarán más pruebas antes de dictar una sentencia definitiva.
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