Ricardo B. Salinas Pliego denuncia persecución política en disputa fiscal con el Gobierno de México

El empresario Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, volvió a pronunciarse sobre el conflicto fiscal que mantiene con el Gobierno de México

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El empresario Ricardo B. Salinas Pliego, presidente de Grupo Salinas, volvió a pronunciarse sobre el conflicto fiscal que mantiene con el Gobierno de México. En entrevista con Código Magenta, aclaró que la controversia no se centra en si debe pagar impuestos, sino en la cantidad correcta que le corresponde.

La autoridad hacendaria asegura que existe una deuda pendiente de 70 mil millones de pesos, cifra que el empresario considera desproporcionada y producto de una “persecución política”.

Origen del conflicto

Salinas Pliego explicó que Grupo Salinas ha pagado más de 278 mil millones de pesos en impuestos, pero el SAT lo acusa de evasión fiscal. El origen del enfrentamiento dijo, se encuentra en un acuerdo previo con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda, mismo que no fue respetado por la autoridad fiscal. Este incumplimiento lo llevó incluso a demandar al exmandatario, al considerar que se violaron los términos del trato inicial.

Principales inconformidades con el SAT

El empresario detalló algunos de los puntos en los que discrepa de la autoridad:

Deducciones no permitidas: en el caso de Italika, señaló que el SAT busca gravar el precio de venta completo de las motocicletas, sin aceptar la deducción de los costos de producción e importación.

Intereses de Banco Azteca: denunció que el fisco rechazó la deducción de los intereses pagados a los clientes, bajo el argumento de que las tasas ofrecidas eran “demasiado altas”.

Persecución política: afirmó que la presión fiscal es un intento de silenciarlo, ya que considera que Fuerza Informativa Azteca, el área de noticias de TV Azteca, se ha convertido en una voz crítica e incómoda para el gobierno actual.

En este contexto, Salinas Pliego insiste en que no se niega a pagar impuestos, pero sostiene que la cifra que le reclama el SAT carece de sustento legal y responde más a motivaciones políticas que a razones fiscales.

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