Aunque existe un retraso en el caso de Enrique Inzunza, está por cumplirse el plazo de 60 días desde que el Departamento de Justicia de Estados Unidos solicitó la detención y extradición de él y del gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Para algunos expertos, México deberá decidir entre ejecutar esas órdenes o enfrentar las consecuencias de desafiar la postura del presidente Donald Trump.