Hace exactamente un año, en mayo de 2025, se registró el primer golpe directo desde la Casa Blanca: por primera vez, autoridades migratorias de Estados Unidos retiraron la visa a un gobernador en funciones. En ese caso, se trató de una gobernadora, marcando un precedente que cimbró a los círculos de poder.
Ha pasado el tiempo suficiente para asimilar el impacto, pero la realidad es que muchos dentro de Morena —y de otros partidos— siguen aturdidos y, sobre todo, temerosos de que una medida similar pueda alcanzarlos.
Lo más significativo es que, tras ese primer caso, otros políticos presuntamente sancionados optaron por el silencio. Ni gobernadores, ni alcaldes, ni funcionarios hicieron públicos sus casos. Algunos, particularmente en estados como Sonora o Tamaulipas, argumentaron en su momento que se trataba de temas administrativos, pero después evitaron cualquier declaración.
Por su parte, el Gobierno de Estados Unidos no está obligado a transparentar a quién le retira la visa. Esto ha generado un clima de incertidumbre: no se sabe con precisión cuántos funcionarios mexicanos ya no pueden cruzar la frontera, atender propiedades o gestionar cuentas en territorio estadounidense.
El caso más emblemático sigue siendo el de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, quien en mayo del año pasado perdió su visa, lo que le impidió viajar, incluso para revisar bienes en San Diego. A esto se sumó la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía General de la República contra su entonces esposo, Carlos Torres Torres, señalado por presuntos delitos como narcotráfico, tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero. No era un actor menor: tenía a su cargo proyectos clave del Gobierno estatal, con el manejo de importantes recursos.
La mandataria defendió en su momento que todo se trataba de una denuncia anónima sin sustento, en una narrativa que hoy resuena con otros casos señalados desde Estados Unidos. Aunque posteriormente se habló de una separación, las versiones y sospechas no se han disipado.
Incluso, ha trascendido que su nombre podría figurar dentro de lo que algunos ya llaman la “tómbola” de políticos bajo la lupa de las autoridades estadounidenses. En medio de versiones sobre una posible solicitud de licencia, la gobernadora apareció públicamente desde Mexicali para asegurar que todo está en orden y que su administración continúa trabajando con normalidad.
