En enero de 2017, México extraditó a Joaquín “El Chapo” Guzmán a Estados Unidos, apenas unos días antes de que Donald Trump asumiera por primera vez la Presidencia. En aquel momento, la decisión no desató un debate sobre soberanía nacional ni provocó señalamientos de intromisión extranjera. Por el contrario, predominó una sensación de alivio ante el riesgo latente de una nueva fuga, considerando los antecedentes del capo en penales de máxima seguridad.
Años después, con la llegada de Morena al poder, el discurso comenzó a matizarse frente a este tipo de acciones. Sin embargo, en los hechos, la cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad continuó. Un ejemplo claro fue la entrega, en septiembre de 2023, de Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, quien enfrentaba acusaciones en cortes estadounidenses. En ese momento, la decisión del Gobierno mexicano se percibió como resultado de una fuerte presión por parte de Washington, especialmente tras los operativos que derivaron en su captura.
Lo relevante es que, ni en el caso de 2017 ni en el de 2023, el Gobierno mexicano argumentó públicamente que estas extradiciones vulneraran la soberanía del país. No hubo un discurso de confrontación, ni se habló de imposiciones externas. Por el contrario, se trató de decisiones enmarcadas en la cooperación bilateral en materia de justicia y combate al crimen organizado.
Hoy, al revisar esos episodios, queda claro que el tono y la narrativa han cambiado dependiendo del contexto político, pero los hechos muestran una constante: la colaboración entre México y Estados Unidos ha sido un elemento clave en casos de alto perfil, sin que en su momento se calificaran como actos de intromisión o pérdida de soberanía.
