De manera formal, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha señalado al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con la facción conocida como “Los Chapitos”, perteneciente al Cártel de Sinaloa. De acuerdo con estas acusaciones, se le relaciona con conspiración para el tráfico de drogas hacia territorio estadounidense, así como con delitos vinculados al uso de armas de alto poder y explosivos. Las penas que se contemplan en este tipo de cargos podrían alcanzar hasta 40 años de prisión o incluso cadena perpetua.
Detrás de estas imputaciones, se expone también un contexto marcado por la violencia. Desde la llegada de Rocha Moya al poder, cifras extraoficiales refieren más de 3 mil homicidios y alrededor de 2 mil personas desaparecidas en Sinaloa, en medio de una disputa criminal que ha derivado en escenas como enfrentamientos armados en calles de Culiacán, donde incluso se han visto vehículos blindados y artillados protagonizando choques directos.
Las investigaciones del gobierno estadounidense también apuntan a la existencia de presuntas “nóminas” del crimen organizado, en las que se detallan pagos mensuales a distintos funcionarios y mandos policiales.
Entre los nombres que han trascendido se encuentran mandos como Marco Antonio Almazán Avilés y Jorge Contreras Núñez, quienes, según estas versiones, habrían recibido sumas de hasta 300 mil pesos mensuales cuando se desempeñaban en áreas de investigación. También se menciona a figuras como Castro Saavedra, con presuntos pagos de 200 mil pesos, y José Antonio Dionisio Hipólito, exjefe de la policía estatal, quien habría recibido alrededor de 100 mil pesos mensuales.
En esta misma lista aparece Juan Valenzuela Millán, identificado como exmando de la policía municipal de Culiacán. Los señalamientos forman parte de un expediente más amplio que, según versiones difundidas en círculos políticos en Estados Unidos, apenas comenzaría a revelar nombres, ya que otros permanecerían bajo reserva.
Mientras tanto, en México, instituciones como la Fiscalía General de la República han sido señaladas por no reconocer públicamente la validez de documentos similares en otros casos, lo que alimenta el debate sobre el alcance, veracidad y consecuencias de este tipo de acusaciones internacionales.
