Los señalamientos sobre una presunta red de sobornos vuelven a colocar en el centro del debate al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. De acuerdo con versiones atribuidas a investigaciones en Estados Unidos, la facción de “Los Chapitos”, vinculada al Cártel de Sinaloa, habría destinado recursos a funcionarios para garantizar impunidad en la operación de laboratorios y el trasiego de drogas como fentanilo y metanfetaminas.
Estas acusaciones sostienen que la falta de acción de corporaciones como policías estatales y municipales en Culiacán podría estar relacionada con dichos pagos ilegales. Bajo esta narrativa, autoridades estadounidenses han llegado a plantear que funcionarios locales serían corresponsables indirectos del impacto del tráfico de drogas en su territorio, donde el consumo de fentanilo ha provocado decenas de miles de muertes cada año.
Sin embargo, un punto clave permanece sin claridad: no se han hecho públicos montos específicos que, presuntamente, habrían sido entregados directamente al gobernador Rocha Moya. En los documentos y versiones que han circulado, se mencionan otros nombres de funcionarios que habrían sido señalados en estas denuncias, como Enrique Inzunza, así como perfiles ligados a áreas de finanzas, seguridad y gobiernos municipales.
A pesar de la gravedad de los señalamientos, hasta el momento no existe una resolución judicial firme que confirme estas acusaciones.
