¿Hay multa por poner cámaras de seguridad afuera de tu casa en Querétaro? Esto dice la Profeco

La instalación de cámaras de seguridad Wi-Fi en hogares podría ser una práctica que conlleva alguna multa; esto dice la Profeco. Descubre si aplicaría en Querétaro.

Gabriela Torres
Querétaro
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es legal poner cámaras de seguridad en un hgar en querétaro.jpg
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Aunque son útiles para proteger propiedades o documentar incidentes, grabar áreas públicas sin permiso puede infringir la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). Por ello, en este artículo te hablaremos acerca de las implicaciones legales, así como de la posible multa por instalar cámaras de seguridad Wi-Fi en los hogares de Querétaro.

¿Cuáles son las condiciones para poner cámaras de seguridad afuera de mi casa?

Pues bien, su uso debe cumplir con normativas específicas para garantizar el respeto a la privacidad de las personas, especialmente al capturar imágenes de espacios exteriores. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), es permitido instalar cámaras de vigilancia en propiedades privadas siempre que su finalidad sea proteger bienes o prevenir delitos.

Sin embargo, capturar imágenes de personas en la vía pública sin su consentimiento no está permitido, excepto en el caso de las autoridades competentes. Para evitar problemas, se recomienda informar a vecinos sobre la presencia de cámaras, ya sea mediante avisos visibles o reuniones vecinales, asegurando un monitoreo transparente que respete la privacidad de terceros.

¿En qué puntos está prohibido poner cámaras de seguridad?

La instalación de cámaras Wi-Fi está prohibida en áreas sensibles como baños, vestidores, hospitales, escuelas e iglesias, a menos que exista autorización oficial. Además, en establecimientos comerciales, su uso debe cumplir con criterios estrictos para evitar la invasión de privacidad.

Multa por no respetar las regulaciones sobre la instalación de cámaras de seguridad

Infringir la normativa puede tener consecuencias severas. Las sanciones económicas pueden llegar a 320,000 días de salario mínimo, equivalentes a aproximadamente 18 millones de pesos, así como penas de prisión que van de seis meses a cinco años por el uso indebido o manipulación de datos personales.

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