El proceso legal en torno al polémico hecho de violencia registrado en el estacionamiento de la plaza ubicada en Paseo de la República ha dado un giro jurídico de suma relevancia en los tribunales locales. Tras desahogarse la primera audiencia inicial, el Poder Judicial determinó reclasificar el delito imputado a Pedro “N” como tentativa de homicidio calificado, modificando el rumbo de la acusación.
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Con esta resolución, la autoridad judicial rechazó formalmente la postura de que los hechos acontecidos en el centro comercial fueran procesados únicamente bajo el cargo menor de lesiones, atendiendo a la gravedad de la agresión y a los argumentos presentados sobre la presunta intención de privar de la vida a la víctima.
Imputado continuará el proceso en libertad
A pesar de la gravedad del nuevo cargo penal asignado, el presunto agresor continuará enfrentando la acción de la justicia en libertad. Esto debido a que la Fiscalía no formuló la petición para aplicar la medida de prisión preventiva justificada durante el desarrollo de la diligencia.
En su lugar, Pedro “N” quedó sujeto a una serie de medidas cautelares alternativas para garantizar su comparecencia:
- Restricción de acercamiento: Queda estrictamente prohibido aproximarse a la víctima o a sus círculos cercanos.
- Arraigo local: No podrá salir de la demarcación territorial ni del estado mientras se desahogan las siguientes etapas procesales.
Otorgan dos meses clave para el cierre de investigación
La defensa y la parte acusadora entraron formalmente en una cuenta regresiva para el acopio de pruebas de cara a las próximas audiencias:
- Plazo complementario: El juez de control otorgó un periodo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual ambas partes recabarán las evidencias correspondientes.
- Siguiente etapa: Una vez concluido este tiempo establecido, se fijará la fecha para la audiencia intermedia, instancia crucial donde se determinará la validez de los elementos probatorios y se definirá el camino hacia el juicio oral.
Por su parte, familiares y ciudadanos cercanos al caso manifestaron que, aunque la reclasificación representa un avance significativo para la seguridad jurídica de la víctima, mantendrán la exigencia social de justicia hasta que se dicte una sentencia definitiva.
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