La acusación no es un asunto menor; no se trata de un escándalo más en la agenda pública, sino de un posible punto de quiebre que rebasa la especulación y la retórica política.
Estamos ante señalamientos que, de confirmarse, implican una dimensión penal y provienen de un país que es socio estratégico de México en materia de seguridad: Estados Unidos.
El fondo del señalamiento es delicado: la percepción de que ciertos actores o estructuras del Estado mexicano podrían estar operando, directa o indirectamente, como extensión del crimen organizado.
En ese contexto, la conversación sobre los llamados “narcopolíticos” ha vuelto a colocarse en el centro del debate con nombres que comienzan a aparecer en la discusión pública; entre ellos, el gobernador de Sinaloa.
Uno de los momentos clave de esta historia se remonta al 10 de agosto de 2024. Ese día, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su respaldo total al mandatario sinaloense, incluso reconociéndole haber dado la cara ante los señalamientos derivados de las declaraciones de Ismael el “Mayo” Zambada.
