La Cámara de Diputados se alista para debatir una polémica iniciativa de Morena que endurece las penas por extorsión, pero que ha desatado preocupación entre la oposición por su redacción ambigua y el riesgo de que pueda usarse como herramienta de censura.
La propuesta, ya aprobada en el Senado con el respaldo de Morena y sus aliados, modifica el artículo 17, fracción quinta, para definir que el delito de extorsión también ocurre cuando se “transmitan imágenes, voz, datos o información de cualquier naturaleza por cualquier medio electrónico”, incluidos internet, redes sociales, radio, televisión y telefonía.
Esta disposición ha encendido las alarmas por su amplitud y por la posibilidad de que se aplique a contenidos periodísticos, análisis críticos o entrevistas.
Rubén Moreira, coordinador de los diputados del PRI, advirtió que la reforma podría usarse de manera discrecional: “Se abre la posibilidad a que expresiones de un periodista, de alguien entrevistado o de un analista sean consideradas extorsión”.
Para la oposición, la iniciativa representa un intento velado de controlar a los medios de comunicación y de restringir la circulación de información incómoda para el gobierno. “Es un riesgo a la libertad de expresión, a la libertad de prensa y a la libertad de información”, recalcó Moreira.
Otra de las críticas centrales es que la reforma contempla castigos más severos para quienes difundan información mediante plataformas electrónicas que para quienes cometen extorsión de manera directa, lo que cuestiona la proporcionalidad de la ley y su verdadero propósito.
La discusión en la Cámara de Diputados se realizará en los próximos días, y aunque se prevé un debate intenso, Morena tendría los votos suficientes para avalarla.
Desde la oposición se acusa que el gobierno intenta blindarse frente a cuestionamientos y manejar la narrativa pública en un contexto de tensiones internas. “Hay una crisis dentro del gobierno y está sobre reaccionando donde no debe, atacando a la prensa en lugar de atender los problemas reales de seguridad”, señaló Moreira.
El debate promete ser uno de los más disputados de la legislatura, pues la iniciativa combina la necesidad de combatir la extorsión con un alcance que podría impactar de manera directa la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en México.
