La postura de las autoridades mexicanas frente a los señalamientos contra Rubén Rocha Moya ha quedado clara: no existen, por ahora, elementos suficientes para proceder en su contra. Así lo expresó la Fiscalía General de la República, que recientemente precisó que no se trata de un proceso formal de extradición, sino de una solicitud de medida cautelar que, en este caso, no se justifica.
El fiscal especializado de control competencial, Raúl Jiménez Vázquez, explicó que una detención provisional con fines de extradición sólo puede realizarse cuando existen pruebas sólidas que acrediten la probable comisión de delitos. De lo contrario, advirtió, se estaría incurriendo en una violación a los derechos humanos de los señalados. Según la Fiscalía, hasta el momento no hay evidencia suficiente que sustente una acción de ese tipo contra políticos mexicanos acusados de presuntos nexos con el narcotráfico.
En este contexto, la FGR informó que enviará un requerimiento a la Secretaría de Relaciones Exteriores para que, a su vez, solicite a Estados Unidos la información y documentación necesaria que permita analizar a fondo el caso y fijar una postura definitiva.
El proceso, sin embargo, tiene dos momentos clave. El primero es la solicitud inicial de detención provisional con fines de extradición, que ya ocurrió; y el segundo, la fase formal, en la que el gobierno estadounidense deberá presentar las pruebas completas en un plazo aproximado de 60 días. Será en esa etapa donde se determinará si existen elementos suficientes para avanzar legalmente.
