Una resolución judicial ha reavivado el debate sobre los alcances y límites de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes en México. Un juez especializado dictó una sanción de tres años de internamiento en contra de Osmar “N”, un menor de 15 años de edad, tras encontrársele penalmente responsable del feminicidio de dos maestras dentro de un plantel escolar en el municipio de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
La condena se alcanzó a través de un procedimiento abreviado que fue aceptado tanto por la Fiscalía como por los familiares de las víctimas directas. Además de la privación de la libertad en un centro especializado, el sentenciado deberá cubrir la cantidad de 3 millones 280 mil 769 pesos por concepto de reparación del daño.
El crimen en la preparatoria Antón Makárenko
Los trágicos hechos ocurrieron el pasado 24 de marzo en las instalaciones de la escuela preparatoria Antón Makárenko. De acuerdo con las indagatorias de la Fiscalía, el adolescente ingresó al centro educativo portando un arma de fuego y abrió fuego de manera directa en contra de las docentes María del Rosario Sagrero Chávez y Tatiana Madrigal Bedolla.
La investigación técnica expuso dos agravantes que conmocionaron a la comunidad estudiantil:
- Premonición en redes: Horas antes de ejecutar el ataque, el agresor había publicado mensajes explícitos en sus redes sociales donde anticipaba las acciones violentas que perpetraría en la escuela.
- Sometimiento: Tras detonar el arma y terminar con la vida de las maestras, el menor fue encarado y sometido por los propios estudiantes y personal administrativo del plantel, quienes lo retuvieron hasta la llegada de las corporaciones policiales.
El vacío legal: El tope de los tres años
A pesar de la gravedad del doble homicidio ejecutado en un entorno escolar, los tres años de internamiento dictados por el juzgador representan el castigo máximo que permite la legislación mexicana para infractores que se ubiquen en el rango de los 14 a los 16 años de edad.
“La ley no permite juzgar a un menor con los criterios del sistema penitenciario para adultos, sin importar el número de víctimas o el dolo del acto”, explicaron fuentes jurídicas del caso.
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