¿Qué sanción enfrentaría el dueño del perro tras el ataqu3 en Indios Verdes?

El ataque ocurrido en la Alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México, el Código Penal para la Ciudad de México establece la responsabilidad legal de los propietarios o encargados sobre los daños que causen sus animales.

Debido a que el canino presuntamente permanecía amarrado a un puesto comercial para labores de vigilancia, la Fiscalía integra la carpeta de investigación bajo la figura de homicidio culposo:

• Imprudencia o negligencia: La ley contempla que mantener un animal de manejo especial o temperamento agresivo en la vía pública o zona de alto tránsito sin las medidas de contención adecuadas (como bozal o espacio cerrado) constituye un incumplimiento grave del deber de cuidado.
• Pena de cárcel: Por homicidio culposo derivado de la omisión de cuidados de un animal, el Código Penal de la CDMX establece penas de 3 a 8 años de prisión para el propietario o poseedor del canino.

Además del proceso penal, si se confirma que el perro pertenecía a un comerciante de la zona, el dueño deberá responder en el ámbito civil:

• Reparación del daño: La legislación obliga al pago de indemnización por gastos funerarios y reparación del daño a los familiares o deudos de la víctima.
• Agravante por abandono o uso como "vigilante": Si las investigaciones demuestran que el animal era abandonado de manera recurrente para cuidar la mercancía en la vía pública, las sanciones administrativas y penales se agravan.

El perro fue rescatado por especialistas de Seguridad Ciudadana y trasladado a sus instalaciones para evaluación:

1. Observación médica y biológica: Permanecerá bajo resguardo para descartar enfermedades infecciosas como la rabia y evaluar su estado de salud general.
2. Dictamen de etología: Peritos en conducta animal determinarán los niveles de agresividad y el estímulo que desencadenó el ataque.
3. Dictamen de la Fiscalía: Al tratarse de un ataque con desenlace fatal en la vía pública, la autoridad ministerial determinará su destino final, el cual suele incluir el resguardo definitivo en una institución especializada o la eutanasia humanitaria, según lo determine el expediente legal.