El Departamento de Justicia de los Estados Unidos formalizó ayer una acusación criminal sin precedentes contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.
El pliego acusatorio imputa al mandatario los delitos de conspiración para el narcotráfico de fentanilo y cocaína, así como el uso de su cargo público para brindar protección institucional a la facción de “Los Chapitos”. Esto se suma a una serie de polémicas y auditorías que han marcado su administración por presuntos vínculos con el crimen organizado y corrupción sistémica.
¿Qué polémica hay detrás del gobernador de Sinaloa?
La gestión de Rocha Moya quedó bajo sospecha internacional tras la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024. A través de una carta pública, el capo aseguró haber sido emboscado mientras esperaba una reunión con el gobernador y el político Melesio Cuén.
Ante la polémica, Rocha Moya sostuvo haber estado de viaje en Los Ángeles ese mismo día; sin embargo, investigaciones periodísticas recientes y reportes de agencias de inteligencia han señalado la ausencia de registros migratorios que respalden su versión. Esta inconsistencia ha sido calificada por las autoridades estadounidenses como una “coartada fabricada”, lo que finalmente sirvió como pieza clave para fortalecer el caso judicial que hoy lo enfrenta a una posible cadena perpetua.
Acusaciones, narcopolítica y tensión institucional en Sinaloa
