Un vuelco importante se ha registrado en el caso de la menor Dafne Quintos, la adolescente de 13 años que perdió la vida durante un campamento organizado por una academia militarizada en Ciudad Madero. Este domingo, Alejandra Quintos, madre de la víctima, difundió a través de sus redes sociales el presunto certificado de defunción de su hija, el cual clasifica el deceso formalmente como un "homicidio".
De acuerdo con el documento oficial compartido por la familia, la causa médica del fallecimiento quedó establecida como “asfixia por sumersión”, un dato que coincide con los primeros hallazgos periciales de la necropsia realizada por la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas, la cual documentó una cantidad importante de agua en los pulmones de la menor.
Contradicciones y presuntas omisiones del personal
La revelación de este documento incrementa las exigencias de justicia por parte de los familiares, quienes desde el primer momento han acusado al personal de la institución de haber incurrido en graves omisiones y negligencia médica previa al fallecimiento.
Según el testimonio de Alejandra Quintos, la cronología de la emergencia médica estuvo marcada por versiones contradictorias por parte de los encargados del campamento:
- Primera llamada: El personal le notificó que Dafne presentaba vómito y pérdida de control de esfínteres. A pesar de que la madre solicitó el traslado inmediato a un hospital o el apoyo de una ambulancia, los encargados aseguraron que la menor ya había sido estabilizada y se encontraba descansando.
- Segunda llamada: Horas más tarde, se comunicaron nuevamente con la madre para informarle que la adolescente se había desvanecido y ya no presentaba signos vitales, solicitando su presencia en Ciudad Madero.
Además del diagnóstico de asfixia por sumersión, la familia ha señalado que el cuerpo de Dafne presentaba diversas lesiones visibles, incluyendo golpes en la zona de la cabeza, indicios que ya forman parte de las carpetas de investigación ministerial.
Hasta el cierre de esta nota informativa, la Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para reconstruir la mecánica de los hechos, pero no ha emitido una conclusión oficial sobre las responsabilidades penales ni ha confirmado la detención de personas implicadas.
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