La polémica en torno a presuntos vínculos entre políticos de Morena y el crimen organizado continúa generando controversia. Primero surgieron señalamientos contra figuras de Sinaloa, entre ellas el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya y el senador Enrique Inzunza. Posteriormente, una publicación del medio Los Angeles Times reportó que los gobernadores Alfonso Durazo, de Sonora, y Américo Villarreal, de Tamaulipas, estarían bajo la atención de autoridades estadounidenses. Ahora, la difusión de audios relacionados con Marina del Pilar Ávila añade un nuevo capítulo a una serie de acusaciones y especulaciones que mantienen el tema en el centro del debate público.
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