Aunque el Gobierno Federal ha implementado el registro “obligatorio” de líneas telefónicas como una herramienta para identificar a los usuarios y combatir delitos como la extorsión, persisten dudas sobre el alcance real de esta medida.
Y es que, si parte de las llamadas delictivas se generan desde centros penitenciarios, el reto no solo está en identificar las líneas, sino también en evitar que los internos tengan acceso a teléfonos celulares.
La estrategia del Gobierno también contempla el bloqueo de líneas, investigaciones y operativos en las cárceles, pero el problema persiste.
Por ello, el registro telefónico plantea una pregunta: ¿será suficiente para frenar las extorsiones o hace falta mayor control dentro de los centros penitenciarios?
