El escenario político se tensa aún más tras las recientes declaraciones del senador Enrique Inzunza, quien ha anunciado su regreso al Senado este miércoles, en medio de un cúmulo de señalamientos provenientes de Estados Unidos.
De acuerdo con estas acusaciones, consideradas entre las más graves, se le atribuye haber proporcionado al Cártel de Sinaloa información sensible, nombres y direcciones de candidatos de oposición y críticos políticos en Sinaloa, con el supuesto objetivo de favorecer el avance electoral de su partido. Los señalamientos apuntan a presuntos actos de presión, intimidación e incluso desaparición de adversarios, en un contexto que ha generado fuerte indignación.
Ante ello, el propio senador y voces de Morena han rechazado las acusaciones, calificándolas como infundadas. Argumentan que se trata de una represalia derivada de sus posicionamientos en tribuna, particularmente sus críticas hacia la gobernadora de Chihuahua, lo que sostiene habría detonado las acciones legales desde territorio estadounidense.
Sin embargo, la polémica no se limita a este caso. En medio de la crisis, el fiscal Ulises Lara ha puesto sobre la mesa otro frente: la participación de agentes extranjeros junto al Ejército mexicano en la destrucción de un narco taller en Chihuahua, un tema que algunos interpretan como un intento de desviar la atención del escándalo político que sacude al partido en el poder.
