El Gobierno de Estados Unidos dio a conocer su estrategia antidrogas para 2026, en la que asigna a México un papel clave, aunque dejó claro que el apoyo en la lucha contra el narcotráfico estará condicionado a la obtención de resultados concretos. En este contexto, el fentanilo ha sido clasificado como un arma de destrucción masiva, por lo que se exige a México no solo rastrear su producción, sino también desmantelar los laboratorios que operan dentro de su territorio.
El documento plantea acciones concretas: inteligencia, control fronterizo y operaciones conjuntas, como las realizadas por agencias estadounidenses en territorio mexicano. Sin embargo, el mensaje es claro: la cooperación estará condicionada a resultados tangibles.
Washington exige detenciones y extradiciones no solo de líderes del narcotráfico, sino también de funcionarios y actores políticos presuntamente vinculados con estas organizaciones.
En este contexto, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha reforzado solicitudes de captura y extradición contra figuras políticas mexicanas, entre ellas el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como otros presuntos implicados en vínculos con el crimen organizado.
El caso ha generado aún más polémica ante la falta de claridad sobre su paradero tras su salida del cargo. Mientras tanto, el Gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador ha sido señalado por mantener una postura defensiva, en medio de cuestionamientos sobre la supuesta protección a actores políticos vinculados con estas investigaciones.
Así, la presión internacional crece y la relación bilateral se endurece, en un escenario donde la seguridad, el combate al narcotráfico y la política interna mexicana se entrelazan con consecuencias que podrían escalar aún más en los próximos meses.
