Un juzgado determinó rechazar la disculpa pública que el productor Luis de Llano difundió hacia Sasha Sokol y le impuso 36 horas adicionales de arresto como medida de apremio por incumplir los términos exactos de la sentencia dictada en su contra.
De acuerdo con lo informado este jueves 19 de noviembre de 2026 por la representación legal de la cantante, el video publicado el pasado 2 de noviembre no corresponde con el pronunciamiento aprobado por el órgano judicial, cuyo texto quedó firme y constituye cosa juzgada:
“El juzgado rechazó la disculpa pública de Luis de Llano (...) Ordenó retirar el video publicado en YouTube y reiteró que la disculpa deberá realizarse exactamente en los términos en los que fue condenado”, detalló el equipo jurídico.
Según el análisis del tribunal, la grabación alteró el fondo de la reparación del daño al sustituir el reconocimiento explícito de su posición de poder y responsabilidad por expresiones que sugerían un vínculo entre iguales. Asimismo, la autoridad subrayó que la disculpa no es una concesión voluntaria del demandado, sino un derecho de la víctima derivado de una resolución ratificada por la justicia mexicana.
Vulneró el protocolo judicial y suma un nuevo desacato
La defensa de Sasha Sokol señaló que el productor también desatendió el procedimiento establecido por el juzgado para prevenir una nueva revictimización, el cual exigía que la grabación fuera entregada primero al tribunal, revisada por la cantante y autorizada judicialmente antes de hacerse pública. Además, recordaron que tiene prohibido referirse a ella públicamente fuera de los términos estrictos ordenados por la autoridad.
El litigio civil acumula casi cinco años tras la denuncia pública de la exintegrante de Timbiriche sobre el abuso ocurrido cuando ella tenía 14 años y él 39. Ante la reiterada inobservancia de los mandatos judiciales —que ya habían derivado en multas y un arresto previo ejecutado el 2 de septiembre de 2026—, la cantante anunció que incorporó al despacho Zinser y Asociados como su equipo jurídico en materia penal para exigir el cumplimiento íntegro de la sentencia.













